El Exatlón es uno de los reality shows que más relevancia han tomado en los último años, no solamente en la versión mexicana, también la que se transmite por Estados Unidos. Dicho programa está en la polémica luego de anunciarse una demanda en su contra.
El programa de retos ha sido demandado por parte de una atleta mexicana que participó en una de las temporadas de esta versión. Decidió emprender acciones legales contra la marca y contra los que forman parte de la producción.
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Se trata de "Jane Doe", la cual ya espera respuesta legal ante la solicitud emitida en horas recientes. Adriana Alcalde, abogada de la mexicana, reveló para Mediotiempo que todo "se trata de un juicio que acaba de comenzar" ya que el trabajo de su clienta "se convirtió en una pesadilla".
La demanda emitida ante la Corte de Nueva York corresponde a una acusación por abuso sexual dentro de Exatlón Estados Unidos, en donde se señala a Francisco 'Cisco' Suárez y Rafael Ortega como atacantes, siendo este último el que señalado principal por la atleta mexicana.
Además de dichas personas, la demanda también ha involucrado a Telemundo Network Group LLC, Comcast Holdings Corp, ACUN Media Pacific LLC y NBC Universal Media LLC. Dentro de la acusación por abuso sexual también se señala el encarcelamiento falso, imposición intencional, violación de leyes de derechos humanos y angustia emocional.
Dentro de los relatos emitidos por Adriana Alcalde, "Jane Doe" vivió momentos complicados mientras estaba ligada al programa. Primero el hecho de ser hospitalizada de gravedad y no poder contactar ni a sus familiares, después sufrir abuso sexual por parte de uno de los productores.
La atleta mexicana actualmente se encuentra en una situación complicada por lo sucedido, así lo dio a conocer su abogada. Al mismo tiempo, a pesar de reconocer que es un caso complicado, admitió que confía en el coraje y valentía de la atleta mexicana para salir adelante.
Cabe resaltar que "Jane Doe" es utilizado como seudónimo por parte de las autoridades de los Estados Unidos, esto para proteger la identidad de las posibles víctimas femeninas de delitos.